Incumplimientos con la dependencia

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha puesto negro sobre blanco ante un problema enquistado que afecta a la calidad de vida de varias decenas de miles de personas mayores y a sus familias. El órgano fiscalizador ha analizado durante dos años una muestra de las más de 500 residencias vinculadas directamente a la Junta o que mantienen un concierto con la Administración autónoma. La intención era verificar la gestión de las prestaciones que ofrece la Ley de Dependencia. El resultado no puede ser más desalentador: incumplimientos significativos en el 72% de los expedientes dedicados a la baremación, en el 80% de las resoluciones de los grados y el 66% de los casos en los que se concede al solicitante la incorporación a un centro. Un 3% de los expedientes sufre un retraso en la tramitación superior a los cinco años. La realidad que describe la Cámara de Cuentas no sorprende a nadie. Asociaciones, sindicatos y, sobre todo, las familias llevan años denunciando que la dependencia no funciona. El propio Gobierno andaluz es consciente de la situación porque ha anunciado en cuatro años hasta tres planes de choque para reducir las listas de espera. El último hace catorce meses con el refuerzo de las plantillas de baremación para agilizar los expedientes. Y los resultados son insuficientes. La propia Cámara de Cuentas recomienda a la Junta que adopte medidas para reducir los tiempos de demora. No estamos ante un problema que solo atañe a Andalucía. El dictamen publicado este mismo año por el Observatorio Estatal de la Dependencia ya alertaba de que al ritmo actual, se necesitaría una década para acabar con las listas de espera. Sólo el año pasado, en nuestra comunidad fallecieron más de 5.000 personas sin recibir la prestación. Los gobiernos no pueden normalizar estos incumplimientos como si fueran un designio más de la burocracia. Y esperar que los ciudadanos se limiten a asumirlos con obligada resignación.