La plataforma ciudadana 'Di no a las torres' intensifica su actividad en Granada tras la paralización de la gran planta fotovoltaica de la Vega
Bajo el lema 'renovables sí, pero no así', denuncian los cerca de 200 mega proyectos de energías renovables que se pretenden y el impacto que sus torres tendrían en la provincia
La Fiscalía alertó sobre los efectos medioambientales "negativos" de la gran planta fotovoltaica de la Vega de Granada

Granada/La plataforma ciudadana nacional 'Di No a las Torres' ha intensificado durante este mes de mayo su actividad en la provincia de Granada para denunciar los problemas que este tipo de estructuras para la evacuación de electricidad generan en el ecosistema y el paisaje. Su presencia se une al anuncio de la empresa Magnon Green Energy de no seguir adelante con su proyecto de la gran planta fotovoltaica de la Vega de Granada, cuya línea de evacuación se desplazaba por Santa Fe y Atarfe en un modelo híbrido de torres y subterráneo.
Según ha anunciado la propia plataforma a través de una nota de prensa, integrantes y voluntarios se están organizando para informar a la ciudadanía sobre las acciones posibles frente a la publicación de actas previas y el inicio de las expropiaciones ligados a varios proyectos energéticos que atraviesan zonas agrícolas, naturales y habitadas del territorio. Según denuncian, actualmente la provincia de Granada acumula cerca de 200 megaproyectos de energías renovables, muchos de ellos asociados a largas líneas de evacuación.
"A una media de 15 kilómetros de línea por proyecto, esto supone más de 3.000 kilómetros de infraestructuras eléctricas proyectadas, lo que representa una amenaza directa para el paisaje, la biodiversidad, el uso agrícola del suelo y el bienestar de muchas comunidades locales", han denunciado.
Según la plataforma, sólo en el mes de mayo, se prevé la publicación de actas previas a la expropiación de unas 400 parcelas sólo en Granada, lo que podría afectar a más de 500 personas. Los municipios implicados son Pinos Puente, con 148 parcelas afectadas; Íllora, con 123 parcelas afectadas; Chimeneas, con 48 parcelas afectadas y Atarfe, Moraleda de Zafayona y El Turro, a la espera de la publicación oficial del número de parcelas afectadas.
El acta previa es un trámite dentro del proceso de expropiación forzosa. En teoría, sirve para que las personas propietarias conozcan y documenten la afección a su finca. "Sin embargo, diversos testimonios en Andalucía alertan de que estos actos se desarrollan en condiciones de presión, falta de información y sin garantías reales de defensa", han asegurado desde la asociación. "Personas mayores, muchas veces solas, se ven rodeadas por equipos de hasta 10 o 15 representantes de empresas y administración, sin apoyo ni acompañamiento, generando una profunda sensación de indefensión", han denunciado.
Del 13 al 22 de mayo, la plataforma ha recorrido estos municipios estableciendo puntos informativos frente a ayuntamientos y juntas locales. Además, se desplazan en coches compartidos, bicicletas y transporte público con el objetivo de estar presentes en los días en que se levantan las actas de expropiación. Allí ofrecen información jurídica y orientación a las personas afectadas, para que puedan ejercer sus derechos y presentar los recursos legales establecidos.
Desde la plataforma denuncian que este modelo de desarrollo energético no es una verdadera transición, sino una imposición que sacrifica el territorio rural y los derechos de las comunidades en favor de grandes intereses económicos. "Este modelo energético no es una transición, es un atropello. Es un atraco a las generaciones futuras, que ya no verán montes de olivos, sino cerros de hojalata", han señalado.
La plataforma, además, ha invitado a toda la ciudadanía a participar de esta iniciativa, a informarse de sus derechos en este tipo de situaciones, y a actuar bajo la consigna "renovables sí, pero no así".
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