La Fiscalía alertó sobre los efectos medioambientales "negativos" de la gran planta fotovoltaica de la Vega de Granada

Granada/La noticia del fin a las intenciones de construir el proyecto de la gran planta solar de la Vega de Granada ha sido muy celebrada por los diferentes movimientos sociales y ambientales que se habían posicionado en contra de esta infraestructura. Con una extensión de casi 122 hectáreas y ubicada entre los términos municipales de Vegas del Genil, Las Gabias y Santa Fe, este proyecto había sido denunciado en múltiples ocasiones por el efecto medioambiental que podía suponer para la zona. En una de esas denuncias, llevada a cabo por la Asociación Para la Defensa del Paisaje y la Cultura de la Cuenca del Genil (ADEPA), un pronunciamiento de la Fiscalía asegura en sus conclusiones que esta iniciativa tendría un efecto "persistente, negativo y seguro" sobre los espacios protegidos en torno a los que se iba a desarrollar, si bien archiva la denuncia penal.

Esta denuncia, archivada en el mes de abril y facilitada a este periódico por el abogado Gustavo Rodríguez, que representa a la asociación, asegura tras analizar varios informes que los proyectos Atarfe I, II y III "tendrán un efecto persistente, negativo y seguro sobre los espacios protegidos con los que limitan la implantación de los proyectos". Hay que recordar que el proyecto tenía intención de construirse en las cercanías de espacios naturales protegidos como la Zona Especial de Conservación La Malahá (incluida en la Red Natura 2000), al Parque Periurbano Dehesa de Santa Fe (perteneciente a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía), y el Bosque Isla inventariado la Dehesa de Santa Fe.

"La autorización ambiental otorgada antepone la compensación a la evitación", ha asegurado la Fiscalía, en referencia a las medidas preventivas y correctoras que la empresa había destinado a minimizar las afecciones ambientales. "Se puede inferir que los proyectos se localizan en una zona sensible desde un punto de vista ambiental, dado el gran número de condicionantes impuestos, pues de otra forma los requisitos para su implantación serían menos exigentes, por ello, se podría entrever que la aprobación del estudio de impacto ambiental resulta un tanto forzada", asegura el informe.

También pone de manifiesto "la indefinición de algunas de las condiciones impuestas", el "peligro de algunas medidas como la línea eléctrica de evacuación", y además se cita que algunas condiciones deben ser más restrictivas desde el punto de vista medioambiental. De igual forma se cita la inviabilidad de algunas medidas", alega el informe. "Por tanto, a estas alturas de la investigación, se acredita que algunas de las actuaciones tanto, en el caso de no contar con dichas autorizaciones, no se podrían ejecutar los proyectos y la tramitación de estos podría verse incompleta y comprometida".

Sin embargo, el documento va más allá, y asegura que la investigación exhaustiva y documentada llevada a cabo por el Equipo de Policía Judicial Medioambiental de la Guardia Civil (Eprona) y el informe pericial "han puesto de manifiesto un gran número de irregularidades, tanto procedimentales como sustantivas, existiendo en los proyectos, omisiones, contradicciones, deficiencias, errores, deficiencias en los mecanismos de control e inspección, de gran trascendencia y gravedad medioambiental".

A pesar de todo esto, la Fiscalía se decide por archivar las diligencias debido a que, ya que el proyecto aún estaba en tramitación, "no concurren indicios suficientes de la perpetración de los delitos por los que se sigue la investigación, en esta fase pre procesal, por lo que los hechos han de quedar fuera de la sede penal, sin perjuicio de que si aparecen nuevos datos puedan ejercitarse las acciones penales pertinentes y sin perjuicio del ejercicio de acciones en la vía civil o contenciosa administrativa". Sin embargo, con el fin del proyecto impuesto por la propia empresa estos no llegarán.

En vista de estas conclusiones y de los diferentes recursos de alzada impuestos, la plataforma considera que la retirada del proyecto es un logro conseguido por la presión social y judicial a la que se ha sometido a Magnon, y no creen que el conflicto de intereses con el proyecto eólico sea el motivo del verdadero fin del proyecto.