Igualdad anuncia que reformará el Código Penal para incluir la violencia vicaria

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este jueves la reforma del Código Penal para tipificar la violencia vicaria, estableciendo una definición integral en la legislación española que protegerá a las víctimas de todas las conductas violentas, de modo que no se le limite únicamente a su manifestación más extrema: el asesinato.

Nadia, de 5 años, asesinada en Murcia

En el año 2025, se contabiliza un asesinato por violencia vicaria en España, en Murcia: Nadia, de 5 años; toda vez en el año 2024 se cuentan un total de 5 menores asesinados según datos del registro del Ministerio de Igualdad.

Aquí se recogen las estadísticas del ministerio del ramo.

A día de hoy, la violencia vicaria tan solo se recoge en un destacado que tipifica las conductas que se consideran como tal, en el Ministerio de Igualdad.

Uno de los casos más mediáticos que puso nombre a esta brutalidad es la condena a José Bretón tras asesinar a sus hijos, Ruth y José, de 5 y 2 años, tras la petición de divorcio por parte de la madre, Ruth Ortiz.

La violencia vicaria persigue hacer el mayor dolor posible a las madres a través de inflingir daño a sus hijos. La mayor crueldad dentro de la violencia machista.

Digital y económica

Durante su comparecencia ante la Comisión de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Congreso, Redondo ha presentado la hoja de ruta para combatir las violencias machistas, con especial atención a la violencia vicaria, digital y económica.

"Es preciso definir expresamente la violencia vicaria en el Código Penal y en la ley orgánica 1/2004 contra la violencia de género. Las víctimas de violencia vicaria son víctimas de violencia de género y así deben ser reconocidas en la ley. (...) Debemos atender las diversas formas de violencia, no sólo la más extrema", ha explicado.

La titular de Igualdad ha precisado que esta definición no se circunscribirá exclusivamente a los hijos e hijas, sino que contemplará también a otros familiares "que pueden ser violentados como intento de dominación a la pareja".

El objetivo es castigar un amplio espectro de comportamientos como la negligencia en la alimentación, el descuido en la atención médica o farmacológica, o el incumplimiento de las obligaciones educativas.

Impacto emocional y protección de menores

Redondo ha subrayado que esta forma de violencia provoca "un daño moral y psicológico a las mujeres de una magnitud insoportable".

"Ninguna madre debería temer que sus hijos se conviertan en blanco de sus maltratadores. Ninguna infancia debería convertirse en escudo o moneda de cambio en un conflicto marcado por la violencia", ha manifestado durante su intervención.

Entre las medidas propuestas, destaca el desarrollo de un sistema para detectar casos de violencia en procedimientos civiles de familia y la implementación de protocolos específicos para los puntos de encuentro familiar, así como la eliminación del uso del falso síndrome de alienación parental.

Violencia económica

Otra de las prioridades anunciadas por la ministra es la lucha contra la violencia económica, que "se manifiesta desde la privación de los recursos básicos al control absoluto del dinero y el patrimonio, la exclusión del mercado laboral o el impago de las pensiones alimenticias". Según ha explicado, este tipo de violencia "tiene efectos devastadores" para las víctimas y sus hijos, condenándoles a una "vulnerabilidad prolongada".

El plan ministerial contempla la tipificación específica de esta forma de violencia y el refuerzo de los mecanismos de vigilancia judicial frente al impago de pensiones, estableciendo procedimientos más ágiles de embargo en caso de incumplimiento.

Protección en entornos digitales

Respecto a la violencia digital, Redondo ha indicado que las medidas del Pacto de Estado se incorporarán en el proyecto de ley de protección de menores en entornos digitales, actualmente en tramitación parlamentaria.

Estas disposiciones abordarán problemas como el acoso sexual en redes, la distribución no consentida de imágenes, la suplantación de identidad o el control.

La ministra ha expresado su voluntad de buscar el máximo consenso para trasladar las medidas del Pacto a la legislación, mostrándose abierta a negociar con los grupos parlamentarios la fórmula más adecuada, ya sea mediante proyectos o proposiciones de ley.

Redondo ha enfatizado la necesidad de trabajar con "urgencia", "consenso" y "seguridad jurídica", comprometiéndose a evitar la incorporación de medidas a través de "enmiendas incongruentes" en textos no relacionados con la violencia de género.