El Gobierno destina 57 millones de euros para salud mental y prevención del suicidio

El plan contempla acciones evitar intervenciones involuntarias y la promoción del uso adecuado de psicofármacos entre colectivos vulnerables

Andalucía registra una media de dos suicidios diarios durante el año pasado

La ministra de Sanidad, Mónica García
La ministra de Sanidad, Mónica García / Agencias
M. H.

03 de junio 2025 - 17:49

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la distribución de 57 millones de euros entre las comunidades autónomas para fortalecer la atención a la salud mental y prevenir el suicidio.

Del total, 39 millones se destinarán a mejorar los servicios de salud mental y 17,83 millones a implementar actuaciones específicas contra el suicidio, siguiendo las directrices del Plan de Acción de Salud Mental y el Plan de Prevención del Suicidio, ambos con vigencia hasta 2027.

"Fondos adicionales"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado durante la rueda de prensa posterior al Consejo que esta inversión representa "el mayor esfuerzo que se ha hecho desde el Gobierno de España en un presupuesto en salud mental".

García ha aclarado que estos fondos son "adicionales" y no pretenden "sustituir ni competir" con los recursos que cada autonomía ya destina a este ámbito.

El montante total, que gestionarán las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), se financiará con cargo a los presupuestos del Ministerio de Sanidad para 2025 y deberá formalizarse en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, según ha precisado el departamento ministerial.

Plan de Acción de Salud Mental: 39 millones para tres grandes desafíos

Los 39 millones destinados al Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027, aprobado el pasado abril, se centrarán en abordar tres retos fundamentales: el consumo de psicofármacos, la escasez de profesionales y la garantía de derechos para personas con problemas de salud mental.

El plan contempla ocho líneas estratégicas que incluyen el refuerzo de profesionales especializados, la financiación de recursos comunitarios como alternativa a la institucionalización, acciones para evitar intervenciones involuntarias y la promoción del uso adecuado de psicofármacos.

Asimismo, también aborda la mejora de la atención a colectivos vulnerables, el impulso a la salud mental perinatal, infantil y adolescente, el desarrollo de sistemas de información y el fomento del acceso a un empleo digno.

Del total asignado a salud mental, 26,8 millones se distribuirán entre las autonomías, correspondiendo a Andalucía la mayor cuantía (4,89 millones), seguida de Cataluña (4,56 millones) y Madrid (3,99 millones).

Los 12,2 millones restantes se repartirán siguiendo criterios similares.

Prevención del suicidio: 17,83 millones para un problema de salud pública

En cuanto al Plan de Prevención del Suicidio 2025-2027, que recibió el visto bueno del Consejo Interterritorial en febrero, contará con 17,83 millones para desarrollar sus líneas de actuación. Entre ellas destacan las campañas de concienciación social, el desarrollo de programas comunitarios para colectivos vulnerables como personas mayores o en riesgo de exclusión, la reforma de urgencias hospitalarias y la coordinación entre los planes autonómicos y estatales.

"Queremos actuar con una mirada integral que vaya más allá de nuestro sistema sanitario", ha subrayado García, añadiendo que "la prevención no se hace solamente desde el Sistema Nacional de Salud, sino que también se hace desde el aula, desde la familia, desde el barrio o desde el trabajo".

De los 17,83 millones, 12,83 millones se destinarán a gastos corrientes para equipamiento y desarrollo del plan, mientras que los 5 millones restantes cubrirán gastos de inversión, incluyendo infraestructuras y equipamiento tecnológico. Andalucía recibirá la mayor asignación (3,25 millones en total), seguida de Cataluña (3,03 millones) y Madrid (2,65 millones).

Para acceder a estos fondos, las comunidades autónomas y el INGESA deberán adherirse formalmente a las actuaciones financiadas, presentar una memoria detallada de las acciones previstas y cumplir con los procedimientos establecidos en el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros.

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