
Postdata
Rafael Padilla
Tiempo de mediocres
En tránsito
La derecha no tiene derecho a protestar. Mejor dicho, no tiene derecho a existir. Todos sabemos –cualquier persona inteligente lo sabe– que una persona de derechas es una mala persona. Para empezar, es egoísta e insolidaria. Y además, es mezquina, racista, resentida y malévola. O peor aún, xenófoba, inhumana y esencialmente machista. Hay verdades tan evidentes que constituyen un simple axioma. Y en este sentido, toda persona de derechas es ontológicamente –lo decía el gran filósofo Uliánov– un perverso contrarrevolucionario que sólo actúa por pura malignidad contra la bondad esencial del ser humano. Por tanto, hay que acabar para siempre con las personas de derechas. Expulsémoslas para siempre de la vida pública. Al infierno con ellas.
Y si las cosas son así –y lo son–, ¿cómo podemos pretender que un Gobierno de gente honrada, es decir, progresista, es decir, generosa y solidaria, conceda derechos a las personas malvadas que profesan el egoísmo moral? ¿Cómo podemos permitir esa aberración? A la derecha no se le puede conceder ni un solo derecho, porque un derecho en manos de una persona de derechas se convierte de inmediato en un privilegio que pisotea los derechos de las personas decentes (y ya sabemos que una persona decente sólo puede ser progresista). Así que hay que expulsar por completo a la derecha de la vida pública. Que la derecha se dedique a sus negocios de rentistas sacamantecas. Que se dedique a los diabólicos fondos de inversión en Wall Street. Y que se vaya para siempre de la vida pública. Todas las instituciones –la judicatura, el Banco de España, las empresas estratégicas, los tribunales de oposiciones, las secretarías de ayuntamiento, las AMPA de los colegios, las guarderías de preescolar– deben ser ocupadas por personas inequívocamente de izquierdas.
Sólo las buenas personas que hayan acreditado convenientemente su bondad –mediante el correspondiente certificado de pertenencia a un partido o a un sindicato de izquierdas– pueden cobrar un salario público. Digámoslo una vez más: las malas personas no pueden cobrar un solo euro que provenga de los Presupuestos Generales del Estado. Nunca, jamás. Y que viva la bondad, hermanos.
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