Junta, Diputación y ayuntamientos de PSOE y PP en Granada adjudicaron contratos a las empresas de la trama Koldo-Ábalos-Cerdán

Granada/Los contratos adjudicados a las empresas Obras Públicas y Regadíos (OPR) y a Áridos Anfersa SL en Granada se han convertido en una 'patata caliente' que nadie quiere que le explote tras la vinculación de ambas con el caso de presuntos amaños y mordidas conocido como Cerdán-Ábalos-Koldo. Las dos empresas están en el punto de mira por adjudicaciones sospechosas y con sobrecostes y por la contratación de la mujer de Koldo García. Y ambas empresas han sido contratadas recurrentemente en los últimos años para realizar obras de distinta índole en la provincia granadina por parte de la Junta de Andalucía, de la Diputación de Granada y de numerosos ayuntamientos de municipios gobernados por todo tipo de color político.

Nadie había levantado la voz hasta este miércoles, cuando el PP ha 'abierto la veda'. El portavoz del Partido Popular de Otura, Víctor Fernández, ha dado a conocer la petición formal que su formación ha hecho para que el alcalde de la localidad, el socialista Nazario Montes, de cuenta de las obras que se han adjudicado en los últimos 4 años a varias empresas, entre ellas a Áridos Anfersa, investigada en el caso de presunta corrupción de la trama Ábalos-Cerdán-Koldo. “Los otureños queremos conocer cuántas obras se han adjudicado a estas empresas, especialmente a la que contrató a la mujer de Koldo", ha dicho Fernández.

Granada Hoy ha encontrado en el Portal de Contratación del Estado 12 instituciones públicas de Granada que en los últimos años han adjudicado obras a OPR, y otras 18 que han adjudicado contratos a Áridos Anfersa. Entre ellos se encuentran ayuntamientos de todo tipo, tamaño y color político, así como instituciones como la Junta de Andalucía y la Diputación de Granada, que también habrían adjudicado diferentes intervenciones a ambas, también en diferentes mandatos y etapas.

En lo que respecta a Obras Públicas y Regadíos (OPR), han sido varios los consistorios de Granada que han requerido sus servicios y le han adjudicado obras. Gobernados por el PSOE son los ayuntamientos de Atarfe, Baza, Cenes de la Vega, Montefrío, Alfacar, Íllora y Las Gabias -cuando era gobernado por los socialistas-. Por su parte, los gobernados por el PP son Ogíjares, Motril y Las Gabias, este último ya bajo mandato popular. Estos son de todo tipo, aunque principalmente se centran en obras de carreteras, ensanches y asfaltados.

Además de esto, la Diputación de Granada es el ente público que más veces ha adjudicado obras a OPR en los últimos años, concretamente ocho contratos bajo mandato del PSOE y dos bajo el mando del PP. Y la Junta de Andalucía, bajo mandado popular, también le ha adjudicado dos contratos importantes, la obra de ensanche y mejora de la carretera A-338 entre los kilómetros 12+650 a 14+520, que se corresponde con la mejora y ensanche de los accesos a la CITAI de Escúzar; y las obras para el aumento de la capacidad de la VAU-10 hasta La Zubia.

Por su parte, en lo que respecta a Áridos Anfersa, también hay ayuntamientos de todo tipo y color político que han adjudicado sus obras a esta empresa. Gobernados por el PSOE son los consistorios de Atarfe, Cúllar Vega, Armilla, Monachil, Otura, Vélez de Benaudalla, así como Las Gabias, Baza y Santa Fe bajo mandato socialista. Por su parte, los gobernados por el PP son Baza, Algarinejo, Motril, la ELA Carchuna-Calahonda, Churriana de la Vega, Las Gabias y Alhendín. Además, también hay contratos en Zújar y Caniles, gobernados por partidos independientes.

Además, tanto la Diputación como la Junta de Andalucía también les han adjudicado a esta empresa diferentes contratos bajo mandatos socialistas y populares. La mayoría de ellos de suministros de hormigón o asfalto, y contratos menores. Aunque el mayor contratador de los servicios para obras realizadas en Granada es Tragsa, la empresa pública española integrada en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que es un instrumento del Estado orientado hacia el desarrollo rural y la conservación de la naturaleza.

Víctor Fernández ha subrayado en su comparecencia, celebrada en la sede provincial del PP, que la ciudadanía "tiene derecho a saber si se ha producido algún tipo de trato de favor o irregularidad" en esos contratos. "Es una cuestión de transparencia, responsabilidad pública y defensa del interés general de los vecinos”, concluía el portavoz del PP local. Es cierto que la mayoría de los ayuntamientos que han adjudicado esos contratos son del PSOE, pero también hay del PP durante la misma época.

El alcalde de Otura, Nazario Montes, ha respondido a estas acusaciones señalando “la doble moral del PP al tratar de querer salpicar al Ayuntamiento de Otura mientras oculta intencionadamente que esas empresas han trabajado y trabajan con total normalidad con administraciones públicas donde gobierna el PP”.

"El Ayuntamiento de Motril, la Diputación de Granada o la Junta contrata alguna de esas empresas y no pasa nada, y cuando se trata de Otura, sí. Eso es demagogia pura y dura”, ha denunciado. “Nada cambia por el simple hecho del color político de quien gobierne”, ha dicho Montes.

Una UTE entre ambas y Motril, en el punto de mira

Del total de 30 instituciones que han realizados en los últimos años adjudicaciones a OPR y Áridos Anfersa en Granada, ya sea por el PP o el PSOE, por Diputación o por la Junta, no hay ninguno en el que la UCO haya detectado, por el momento, posibles sobrecostes o irregularidades. Pero sí que existe uno de ellos que está señalado por el informe de la UCO: la adjudicación de la obra del primer tramo de la Ronda Sur de Motril, una infraestructura que llegaba tras 15 años de retraso para convertirse en el gran eje de comunicación de la ciudad costera granadina. En este caso, las sospechas aparecen por la contratación de la mujer de Koldo García, Patricia Uriz, en la unión temporal de empresas (UTE) creada entre ambas empresas para hacer esta obra.

Según la UCO, Áridos Anfersa abonaba la nómina a Patricia Uriz a través de la UTE con Obras Públicas y Regadíos creada para esta obra. La UCO explica al juez en su informe que quien realmente hace el "favor" a Koldo son los responsables de OPR, que constituye la UTE con la sociedad bastetana para despistar y "compensar" los pagos de esas nóminas. El papel de la empresa pagadora, sobre la que se habían puesto hasta ahora la mayor parte de las miradas, ha quedado en realidad muy diluido frente al de los directivos de OPR, que parece la verdadera benefactora de Koldo, según el informe al que ha tenido acceso este periódico.

Ya en su día, el Ayuntamiento de Motril aseguró no tener ninguna relación con la trama del Caso Koldo tras aparecer en el informe preliminar de la UCO, en el que se analizaban los contratos con Áridos Anfersa. La obra contó con un plazo de ejecución de diez meses en su primer tramo, y con una inversión final que sobrepasó los 2,6 millones de euros. Desde el Ayuntamiento aseguraban que la obra se adjudicó a dicha empresa por una baja del 17% del presupuesto de licitación y varias mejoras como la baja de dos meses en el plazo de obra, el sistema de riego, seguridad vial o la ornamentación.