Dos arqueólogos alertan de la presencia de restos "inéditos" en el lugar del proyecto de megaplanta fotovoltaica de El Fargue

Se han realizado hallazgos arqueológicos de época medieval y romana, pudiendo tratarse del primer asentamiento poblacional de esta zona de Granada

El Fargue defiende su entorno y patrimonio frente al avance de un megaproyecto fotovoltaico en Granada

Zonas en las que se instalará la planta fotovoltaica
Recreación de como se vería la planta fotovoltaica / Ecologistas en Acción

Granada/El proyecto de megaplanta fotovoltaica de El Fargue puede haberse encontrado con un problema inesperado en forma de hallazgo arqueológico "inédito". Dos arqueólogos han localizado en uno de los cerros en los que se prevé instalar los proyectos fotovoltaicos (Stadium Plus I, Soto Oscuro I y San Gregorio I, desarrollados por parte de la comercial Bobery Lane Estate SL) un yacimiento desconocido hasta ahora, que podría ser romano y de la época zirí, y que no estaba catalogado ni por la Junta de Andalucía ni por el Ayuntamiento de Granada. Este hallazgo, en última instancia, podría frenar el proyecto. De entrada, ambos investigadores han presentado ya ante la Delegación de Cultura un primer informe con su trabajo.

Se trata del yacimiento arqueológico del Arroyo del Castellón, que ha sido localizado por los arqueólogos Ángel Rodríguez Aguilera y José M. Martín Civantos. Según ha destacado a Granada Hoy el propio Rodríguez Aguilera, se trataría de un yacimiento que, a falta de un análisis más detallado, "presenta una ocupación que podría llegar desde época medieval hasta el siglo XI-XII".

En esta zona, ubicada en el cerro amesetado que queda delante del actual barrio de El Fargue, se ha localizado "un yacimiento estructurado, con muros orientados" y cerámica "tanto de la época medieval como también de época romana anterior". Los arqueólogos ya han presentado ante la Delegación de Cultura de la Junta un informe con la existencia de estos restos, que consideran que son "indicios suficientes". Será la institución la que valore si es preceptivo que posteriormente se pida un trabajo de investigación para saber del alcance y la magnitud de este descubrimiento.

"Es bastante posible que estos restos se correspondan con el primer asentamiento original de El Fargue, y que quienes vivían aquí se trasladaran con los años a donde se sitúa la barriada actual, también a raíz de la apertura de la fábrica de pólvora en siglos posteriores", ha destacado el arqueólogo.

Si finalmente se concretara que este yacimiento arqueológico es de nueva localización, la Delegación de Cultura de la Junta en Granada debería adoptar las medidas oportunas para su delimitación, protección y caracterización, y el Ayuntamiento de Granada debería recogerlo en su carta arqueológica. A partir de ahí, habría que valorar las posibles afecciones del proyecto fotovoltaico y si sería viable desarrollarlo a la par que se conserva la zona.

"Es una información muy preliminar. Hace apenas un par de semanas que los propios ecologistas y los vecinos nos avisaron de que existían estos restos y fuimos a comprobar de qué se trataba. Habrá que estudiar bien la zona, hacer catas e identificar bien las zonas. Eso se hará con el estudio de impacto ambiental previo a la construcción de las placas solares. Así que todavía está todo por ver", ha comentado Rodríguez Aguilera.

Alegaciones al proyecto

Este hallazgo es un argumento más a favor de vecinos, partidos políticos y asociaciones ecologistas en la lucha que mantienen con el Ayuntamiento de Granada y con la empresa privada para tratar de evitar que esta megaplanta fotovoltaica finalmente se construya, y tratar de frenar así lo que han denunciado como "colonialismo energético".

Zonas en las que se instalará la planta fotovoltaica
Zonas en las que se instalará la planta fotovoltaica / Ecologistas en Acción

Tanto Ecologistas en Acción como SOS Fargue y la asociación de vecinos de la barriada presentaron a principios de semana alegaciones contra el proyecto de construcción, en concreto, de la planta fotovoltaica San Gregorio I y su infraestructura de evacuación. Unas alegaciones, hasta 15 según ha podido cuantificar este periódico, entre las destacan por encima del resto este hallazgo arqueológico en la zona donde se situaría la planta fotovoltaica.

Los ecologistas aseguran que han dado traslado a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía de la existencia de estos restos, y han pedido un informe a la misma, para saber del alcance y la magnitud de este yacimiento. "El proyecto presenta graves afecciones e importantes impactos sobre el patrimonio histórico y cultural de la zona, entrando en contradicción con el sistema de protección establecido en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA)", han asegurado las organizaciones.

Fuerte impacto visual y falta de transparencia

Además de este posible impacto en un yacimiento histórico, Ecologistas en Acción, SOS Fargue y la asociación de vecinos de la barriada han denunciado en sus alegaciones otras cuestiones, como que el proyecto "está mal redactado y es una burda copia de otro", que no se adecua a las normas de uso del suelo, el riesgo de incendios y la afección a las vías pecuarias, o el "insuficiente estudio sobre el impacto visual en el paisaje", entre otros.

Sobre este último punto, las organizaciones han entregado un informe del catedrático José Castillo Ruiz que alerta del impacto visual, paisajístico y cultural sobre tres bienes protegidos como Bien de Interés Cultural. Apunta directamente al Conjunto Histórico de Granada, la Zona Patrimonial del Valle del Darro y el Monumento de la Alhambra y el Generalife. Sin embargo, fuentes del Patronato ya aseguraron a este periódico que "la instalación de las plantas fotovoltaicas no afecta al entorno de protección de La Alhambra y Generalife".

Las organizaciones también han recordado nuevamente que no se oponen a las energías renovables, pero sí a su ubicación en enclaves de alto valor ambiental, cultural o agrario. Por ello, solicitan una moratoria provisional a los proyectos en suelos forestales, agrícolas o ganaderos hasta que existan estudios científicos rigurosos y planificación territorial adecuada. La plataforma ha propuesto el desarrollo de instalaciones fotovoltaicas en superficies "ya antropizadas", como polígonos industriales, aparcamientos, áreas ferroviarias, vertederos sellados o tejados de infraestructuras existentes como opción viable.

En sus alegaciones, las plataformas también han denunciado la falta de participación ciudadana y transparencia del proceso, acusando a las administraciones de actuar en favor de intereses privados. Critican que los alcaldes no informan a sus vecinos, pues "no vale solo con la publicación del Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Solo miran en las cantidades económicas que les ofrecen las empresas promotoras de los megaproyectos", inciden, para después remarcar que proyectos como este suponen una “especulación energética” y “un nuevo colonialismo energético auspiciado por la Junta”, además de un riesgo de despoblación rural y destrucción de modos de vida sostenibles.

La plataforma insiste en que el proyecto afectaría a una zona de fuerte pendiente (superior al 20%), lo que "conlleva riesgos de erosión, pérdida de suelo y arrastre de sedimentos, especialmente tras el desbroce del terreno". Además, los ecologistas alertan de que esta alteración del medio podría afectar a cauces naturales, barrancos y provocar inundaciones en barrios como el Sacromonte. Asimismo, advierten del perjuicio a la biodiversidad local, con presencia documentada de especies protegidas como el águila calzada, el busardo ratonero, el gavilán común, murciélagos, anfibios y reptiles, así como variedades agrícolas tradicionales como el olivo Loaime.

La plataforma ha concluido asegurando que el proyecto no responde a un interés general, “la transición energética no puede hacerse a costa de destruir la biodiversidad, los paisajes y los recursos naturales”. "Se ha comprobado que el proyecto presentado por la empresa Bobary Lane Estate, no ha sido debidamente trasladado a las organizaciones sociales, declaradas interesadas por ley, para que puedan efectuar cuantas alegaciones estimen necesarias, incumpliéndose de esta forma la legislación en materia de participación ciudadana", han concluido las organizaciones.

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